Económicamente, los especialistas señalan a la corrupción como un factor de ineficiencia y desperdicio en el aprovechamiento de los recursos y en la implementación de las políticas públicas. En efecto, cuando el soborno se convierte en práctica corriente, los contratos gubernamentales, las concesiones, las licitaciones, las privatizaciones no son adjudicadas a los postores más eficientes y profesionales, sino a los que tienen mejores contactos y carecen de escrúpulos. Ello, evidentemente, perjudica los intereses del Estado y por ende los intereses de todos los ciudadanos.
Igualmente, la corrupción conlleva a que la redistribución de la riqueza se reasigne afavor de aquellos que detentan alguna forma de poder monopólico, esto es, de sectores con mayor capacidad adquisitiva, en perjuicio de las capas menos favorecidas y a las que generalmente van destinados los fondos públicos.
Así mismo, algunos estudios econométricos nos indican que existe una “correlación negativa entre crecimiento y altos niveles de corrupción”, lo que significa que a mayores niveles de corrupción menores serán los índices de crecimiento económico de un país.
Igualmente, la corrupción conlleva a que la redistribución de la riqueza se reasigne afavor de aquellos que detentan alguna forma de poder monopólico, esto es, de sectores con mayor capacidad adquisitiva, en perjuicio de las capas menos favorecidas y a las que generalmente van destinados los fondos públicos.
Así mismo, algunos estudios econométricos nos indican que existe una “correlación negativa entre crecimiento y altos niveles de corrupción”, lo que significa que a mayores niveles de corrupción menores serán los índices de crecimiento económico de un país.
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