EFECTOS DE LA CORRUPCIÓN EN EL ÁMBITO ECONÓMICO

Económicamente, los especialistas señalan a la corrupción como un factor de ineficiencia y desperdicio en el aprovechamiento de los recursos y en la implementación de las políticas públicas. En efecto, cuando el soborno se convierte en práctica corriente, los contratos gubernamentales, las concesiones, las licitaciones, las privatizaciones no son adjudicadas a los postores más eficientes y profesionales, sino a los que tienen mejores contactos y carecen de escrúpulos. Ello, evidentemente, perjudica los intereses del Estado y por ende los intereses de todos los ciudadanos.
Igualmente, la corrupción conlleva a que la redistribución de la riqueza se reasigne afavor de aquellos que detentan alguna forma de poder monopólico, esto es, de sectores con mayor capacidad adquisitiva, en perjuicio de las capas menos favorecidas y a las que generalmente van destinados los fondos públicos.
Así mismo, algunos estudios econométricos nos indican que existe una “correlación negativa entre crecimiento y altos niveles de corrupción”, lo que significa que a mayores niveles de corrupción menores serán los índices de crecimiento económico de un país.

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LA CORRUPCIÓN EN EL ÁMBITO POLÍTICO

La corrupción influye en la inestabilidad política de los Estados. Los cambios de régimen, en mayor o en menor medida, son explicables desde la constatación de factores de corrupción precedente. Y es que este fenómeno socava brutalmente la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento regular de las instituciones políticas. Esta desconfianza detiene precisamente el desarrollo de estas instituciones y encuba situaciones que pueden determinar un explosivo ambiente de insatisfacción social. Como señala la profesora Ackerman, “la corrupción sistemática socava la legitimidad de los gobiernos, especialmente la de los democráticos, los que incluso pueden verse amenazados por golpes de Estado dirigidos por líderes totalitarios”.
Paradójicamente afirma esta autora que en los países no democráticos, esto es, autoritarios o dictatoriales, la corrupción no siempre es desestabilizadora, aunque –señala– siempre opera contra las reglas de un poder abierto y justo.
Como puede apreciarse, esta frase de Ackerman es ciertamente aplicable a la realidad política peruana, si no, recordemos el periodo del régimen del gobierno aprista que precedió al régimen autoritario que gobernó el Perú durante la década de los años 90.
Finalmente, la corrupción también reproduce y consolida la desigualdad social, consolida el clientelaje político y perpetúa la ineficacia de la burocracia y, por lo tanto, impide contar con una administración pública eficiente al servicio de la satisfacción de los derechos de los peruanos.

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¿POR QUÉ HAY CORRUPCIÓN EN EL PERÚ?

La corrupción ha sido, lamentablemente, un tema tangencial a la política peruana. Se solían referir hechos aislados y las investigaciones parlamentarias y judiciales culminaban siempre en la impunidad y el olvido. La historia republicana registra, tantos grandes escándalos como borrones y cuentas nuevas. La opinión pública, valga el ejemplo, se remeció frente a hechos tales como el de los papeles de la deuda interna que comprometió en el siglo XIX al gobierno de Rufino Echenique, la corruptela de los consignatarios del guano, el escándalo de los ferrocarriles y la Grace, el caso de La Brea y Pariñas (1911), el despilfarro del oncenio de Leguía y otros célebres escándalos de las postrimerías del siglo XX. Sin embargo, pese a la indignación ciudadana, rigió la ley de la impunidad. Cada gobierno comenzaba investigando al anterior para transigir silenciosamente. El juego de correlación de fuerzas en el Parlamento y la naturaleza del juego político inducía a una suerte de “olvido” y marcha hacia delante. A final de cuentas la corrupción era vista como una sucesión de casos aislados, asistemática, poco peligrosa.

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