La corrupción ha sido, lamentablemente, un tema tangencial a la política peruana. Se solían referir hechos aislados y las investigaciones parlamentarias y judiciales culminaban siempre en la impunidad y el olvido. La historia republicana registra, tantos grandes escándalos como borrones y cuentas nuevas. La opinión pública, valga el ejemplo, se remeció frente a hechos tales como el de los papeles de la deuda interna que comprometió en el siglo XIX al gobierno de Rufino Echenique, la corruptela de los consignatarios del guano, el escándalo de los ferrocarriles y la Grace, el caso de La Brea y Pariñas (1911), el despilfarro del oncenio de Leguía y otros célebres escándalos de las postrimerías del siglo XX. Sin embargo, pese a la indignación ciudadana, rigió la ley de la impunidad. Cada gobierno comenzaba investigando al anterior para transigir silenciosamente. El juego de correlación de fuerzas en el Parlamento y la naturaleza del juego político inducía a una suerte de “olvido” y marcha hacia delante. A final de cuentas la corrupción era vista como una sucesión de casos aislados, asistemática, poco peligrosa.
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